Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal

La publicidad de los concursos de acreedores es una consecuencia necesaria del carácter universal de los efectos del concurso de acreedores, que exige que el conocimiento de su declaración y de los pormenores de su tramitación llegue a todos los posibles interesados. Es por ello que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal presta especial atención a la publicidad del concurso de acreedores, que ha de permitir  a estos conocer no sólo la existencia de un concurso que les afecta, sino que también la de todas las resoluciones que se aprueben a lo largo del proceso concursal y de las anotaciones que se han de practicar en los registros públicos jurídicos de personas y bienes.

Los problemas que se fueron detectando tras la entrada en vigor de la Ley Concursal pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar el papel que aquí ha de cumplir el Registro Público Concursal. El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, ya modificó el artículo 198 de la Ley Concursal, con esa finalidad. E, igualmente, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, profundizó en esta cuestión modificando no sólo el artículo 198, sino también el 24 relativo a la publicidad registral.

El calado de esta reforma obliga a establecer un régimen nuevo para el Registro Público Concursal, que, por un lado, se adapte a su nueva configuración en el artículo 198 de la Ley Concursal y, por otro lado, instaure los mecanismos de coordinación entre los diversos registros públicos que prevé el apartado 7 del artículo 24 de la Ley.

En el siguiente enlace podrán acceder al texto completo del PROYECTO DE REAL DECRETO REGISTRO PUBLICO CONCURSAL

 

 

Sesión Magistral “La Regulación de Empleo en el Concurso” y Mesa Redonda

El próximo Martes 19 de Junio a las 17:00 horas en la Sede del Colegio de Abogados se celebrará la sesión “La Regulación de Empleo en el Concurso” impartida por la Ilma. Sra. Doña Nuria Orellana Cano, Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Cádiz.

Posteriormente, a las 18:30 horas  se completará con una Mesa Redonda cuyos invitados serán: Ilmo. Sr. Don Jesús Ignacio Rodríguez Alcazar, Magistrado Juez de lo Social Nº1 de Granada y Don Jerónimo Muñoz de la Cámara, Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada.

Al ser el aforo limitado y ser parte de la formación de los alumnos, se ruega confirmen su asistencia a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@escueladerechoconcursal.org

 

 

 

 

 

Próximas sesiones de los Cursos de Derecho Concursal

Mañana martes, día 13 de marzo, tendrán lugar las próximas sesiones de los cursos de Derecho Concursal que se vienen impartiendo en el Hotel Carmen de Granada.

En el Curso de Iniciación al Derecho Concursal correrá a cargo de Don Aurelio Gurrea Chale; y en el Curso de Especialización en Derecho Concursal impartirá la sesión Don Fernando Caballero García.

 

 

Comunicación de Concursos a la Tesorería General de la Seguridad Social

Por Ley 38/2011 de 10 de octubre, se da una nueva redacción, entre otros al Art.21 de la Ley Concursal, 22/2003 de 9 de julio, estableciendo la obligación a la Administración concursal de comunicar los concursos declarados por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras.

Para dar cumplimiento a lo anterior se ha habilitado en la sede electrónica https://sede.seg-social.gob.es el lugar necesario para ello, siendo IMPRESCINDIBLE disponer de certificado digital de la clase 2 CA ( que lo puede obtener en las oficinas de la seguridad social entre otros) o DNI electrónico y remitir el modelo  TCP01 .

 

 

Jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal, martes 22 de noviembre

Ampliar las posibilidades de que las empresas en dificultades puedan salir adelante es el reto de la Reforma de la Ley Concursal

 

No ha dado tiempo a que la Ley Concursal enrancie. Dos reformas de calado en ocho años la contraponen a otras  de contenido similar, como la de Suspensión de Pagos o la Regulación de Quiebras, que presumieron de longevidad. Es el signo de los tiempos.

Una situación económica complicada, donde se multiplica el volumen de empresas en concurso, precisa de nuevas medidas encaminadas, sobre todo,  a “mejorar el posicionamiento de quienes apuesten para que una empresa en dificultades pueda salir adelante”, explica el magistrado de la Audiencia Provincial, D. Enrique Pinazo.

Para analizar las modificaciones que la última reforma introduce, la Fundación Escuela de Derecho Concursal ha organizado unas jornadas de estudio, celebradas en dos sesiones en días sucesivos. Casi doscientos profesionales granadinos no han dejado escapar la oportunidad de adentrarse en la disección de esos cambios, de la mano de D. Enrique Pinazo.

Según este experto, “la situación económica excepcional que atravesamos hace que ésta sea una reforma necesaria, aunque puede que se den algunas disfunciones”.

En este sentido, apunta varias ventajas que introduce la nueva norma, tales como que “se agiliza el proceso concursal, trata de reducir costes, fomenta la posibilidad de financiación y acelera los plazos”. En el debe aparece que el recorte de plazos “compagina mal con una situación en la que los ajustes presupuestarios han contribuido a que los juzgados mercantiles estén desbordados, con la consiguiente dificultad para dar respuestas rápidas”.

Igualmente, esa necesidad de agilizar tramitaciones “puede llevar aparejada alguna merma de garantías”.

 

 

Jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal, lunes 21 de noviembre

La Reforma de la Ley Concursal entreabre algunas puertas que estaban cerradas

A veces, aunque las puertas no se abran de par en par, se puede pasar a través de ellas, de costado. Por eso al magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Granada, D. Blas Alberto González, que la reforma de la Ley Concursal haya creado institutos preconcursales le parece, “una buena noticia, si bien se ha hecho  de una forma muy tímida y el legislador no se ha decidido a establecer un autentico y puro derecho preconcursal español, con acuerdos de refinanciación libres, entre acreedores y deudores”.

Y es que la reforma anterior, de 2009, no avanzó en esta materia y, por tanto, no resolvió las carencias que presentaba la Ley Concursal y se manifestaron en toda su amplitud con la llegada de la crisis. En esa coyuntura se multiplicaron las necesidades de refinanciación de un volumen creciente de sociedades, que vieron frustradas sus posibilidades de resolver las dificultades económicas en las que se hallaban, dado que los únicos mecanismos de refinanciación previstos por la ley eran los judiciales. Con ese panorama, las empresas aguantaban más de lo debido y cuando acudían al concurso era demasiado tarde, de forma que más del 90% de esos procesos se han resuelto en los últimos años con la liquidación.

En la redacción de la reforma no se llega hasta donde debería, es decir, la posibilidad de que deudores y acreedores alcancen acuerdos sin intervención de la Justicia, sino que exige una serie de requisitos que, en opinión del magistrado, son “restrictivos”. Entre ellos figura “que tengan las 3/5 partes del pasivo, que sea  un 75% de entidades financieras, si no se llega a ese porcentaje, no es viable el acuerdo de  refinanciación, y sólo es vinculante con la espera, no con la quita”.

Pero no ha sido este el único asunto abordado en la primera de las dos jornadas que para analizar  la reforma de la Ley Concursal ha organizado la Fundación Escuela de Derecho Concursal de Granada. Se trata de “plantear una introducción a las nuevas reglas de juego que presenta la reforma, pero la Fundación ya tiene previsto organizar varios cursos para profundizar en la materia”, explica D. Miguel Romero, presidente del Patronato de la Fundación Escuela de Derecho Concursal.

Y es que la reforma, (que entrará en vigor el próximo mes de enero, si bien algunos preceptos están vigentes desde octubre) exige experiencia y formación acreditada a los administradores concursales, una de las tareas que tiene encomendadas la Fundación.

En esta línea González aclara que el planteamiento de la Ley “elimina los tres administradores como regla general,  y se pasa a uno y, en casos de extraordinaria trascendencia, dos”. Pero hay algunas cuestiones que quedan un poco en el aire con mandatos ambiguos, tales como que el juez debe respetar las reglas de equidad en el nombramiento de administradores concursales, pero no se especifica cómo. En cualquier caso, el magistrado elige los administradores de entre los registros que elaboran los colegios profesionales, y para tener acceso a entrar en esas listas es preciso acreditar formación específica en materia concursal. De ahí que el magistrado y miembro del Comité de Dirección de la Fundación apunte que, “ahí los colegios profesionales tienen una labor interesante que realizar, ya que corresponde a ellos la elaboración de esos directorios”.

 

 

 

Jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal – PLAZAS AGOTADAS

La Fundación Escuela de Derecho Concursal de Granada va celebrar una Jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal los próximos días 21 y 22 de Noviembre en el Hotel Carmen (Granada) de 16:00 a 20:00 horas.

Los ponentes serán Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado Sección 3ª de Audiencia Provincial de Granada. Especialista en Asuntos Mercantiles Don Blas Alberto González Navarro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada. Especialista en Asuntos Mercantiles. 
 
Esta acción formativa está dirigida a Abogados, Economistas y Titulares Mercantiles,  consta de un total de 6 sesiones y el Precio es de 120€ para los integrantes de estas tres Corporaciones y antiguos alumnos de la Fundación y de 150€ para los demás interesados.
Puedes descargarte el Díptico aquí.

Nota.- Es obligatorio haber remitido el resguardo de pago a secretaria@escueladerechoconcursal.org para la correcta inscripción.

 

Aprobado el Texto definitivo de la Reforma Concursal

En el siguiente enlace podréis encontrar el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados en el que, con fecha 4 de Octubre de 2011, se aprueba definitivamente el Proyecto de Ley de la Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, de Concursal.

Aprobado el Texto definitivo de la Reforma Concursal

Estimad@s Compañer@s;

En el siguiente enlace podréis encontrar el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados en el que, con fecha 4 de Octubre de 2011, se aprueba definitivamente el Proyecto de Ley de la Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, de Concursal.

Un cordial saludo.

La reforma evitará la opacidad fiscal de las empresas en concurso

De izquierda a derecha Blas Alberto González, Concepción Ordiz, Eduardo Torres, Miguel Romero y Enrique Pinazo


En los meses previos a la declaración del concurso las empresas pasan por momentos de dificultad económica y de confusión, de tal forma que suelen incumplir sus obligaciones formales, autoliquidaciones, cotizaciones de la Seguridad Social, etc. Esta situación, no siempre voluntaria, dificulta el que la Administración Publica y los trabajadores, entre otros acreedores, conozcan exactamente lo que se les adeuda. La reforma de la Ley Concursal, que previsiblemente entrará en vigor a principios del próximo año, tiene como uno de sus objetivos acabar con esa opacidad. A ese y otros aspectos se ha referido la abogada del Estado, Concepción Ordiz Fuertes, que ha clausurado el curso de Iniciación Concursal organizado por la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil, con la ponencia “la Administración Pública ante el concurso”.

Ordiz Fuertes sostiene que en la reforma, “tal y como está a día de hoy, porque puede variar su redacción, se impone al concursado y a la administración concursal el deber de regularizar la situación de la empresa, no sólo fiscal, sino también respecto de los trabajadores”. Según esta experta, que ha participado en la comisión de codificación del nuevo texto, “estamos en un sistema moderno, en el que el Estado no conoce de antemano lo que cada empresa hace o cuanto le debe, es la empresa la que debe comunicar sus actividades y su fiscalidad, entre otra información; igualmente, si hay un procedimiento penal o de comprobación e inspección se dotan los medios para que ese crédito, nacido después de una inspección tributaria, se pueda incorporar al concurso”. En definitiva, se trata de medidas que se dirigen a luchar contra el fraude.

Concepción Ordiz también se ha detenido en explicar que en los concursos, “todo el mundo ve a la Administración Pública como Agencia Tributaria, Seguridad Social y Fondo de Garantía Salarial, pero es algo más que eso; son autoridades portuarias, Instituto de Crédito Oficial, ministerios, etc.” Y como parte del concurso que son esos organismos, a veces surgen controversias, algunas de ellas resueltas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y “nuestro objetivo es que se conozcan esos pronunciamientos para que se sepa de antemano cuál es la posición de la Administración Pública, no porque nosotros lo digamos, sino porque el Tribunal Supremo nos ha dado al razón, o porque no dándonosla, nos hemos adaptado a esas resoluciones”. El resultado de ese conocimiento es que se reducirán los litigios.

En cuanto al papel de los trabajadores en el concurso, la abogada del Estado apunta que “los empleados de una empresa no salen mal parados en comparación con las administraciones públicas, quizá con otros acreedores sí”. En este sentido recuerda que los trabajadores, en la Ley Concursal vigente, “tienen un tratamiento preferencial y, sobre todo, disponen de instrumentos de tutela como es el Fondo de Garantía Salarial, que les impide quedar desprotegidos, incluso aunque la empresa carezca de activos”. Una situación que resulta lógica dado que para ellos el contrato de trabajo es objeto y causa. En cuanto al resto de cantidades que no satisfaga el FOGASA, el ordenamiento jurídico les permite volver al concurso con un tratamiento preferente, incluso frente a las administraciones públicas.

Lo cierto es que la reforma de la Ley Concursal se hace necesaria porque las declaraciones de concurso no parecen que disminuyan en el ámbito nacional, por el contrario han crecido de forma significativa en el primer trimestre del año. Y en Granada la tendencia es la misma, de tal forma que, de continuar la misma senda que en los primeros meses, se declararían en la provincia 72 nuevos concursos a lo largo del presente ejercicio, cifra que supondría un 12% más que en 2010.

El curso que acaba de concluir forma parte del plan de formación de la Escuela Concursal y Mercantil, creada por los colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales y de Abogados, una institución que “amplía su cobertura, de regional a nacional, y prepara la integración de otros colegios profesionales y organismos”, según ha explicado el presidente de la Fundación de la Escuela, Miguel Romero.