Alberto Casado Cerviño, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas
-¿Cuál es la postura española ante laPatente Comunitaria y sus tribunales?

La posición española es favorable a tener una patente comunitaria y una jurisdicción unitaria europea en materia de patentes. Por lo tanto, a nosotros no nos genera ninguna dificultad el avanzar hacia un instrumento jurídico  único; lo que nos está planteando dificultades es, básicamente, el modelo que la Comisión y al mayoría de los estados miembros están adoptando y, especialmente, el hecho de que se discrimine el idioma español, tanto en el ámbito de la patente comunitaria como en el ámbito jurisdiccional.

-¿En qué estado se encuentra la negociación?

Está muy avanzada. En este momento los dos reglamentos, sobre el derecho sustantivo y el lingüístico, están en el Parlamento, en fase de enmiendas, y se prevé que a finales de este año el pleno del Parlamento adopte una posición. Si opta por no introducir cambios importantes sobre los textos enviados por el Consejo, lo normal es que se apruebe a final de este mismo año. En cuanto al tratado que se está negociando sobre el régimen jurisdiccional comunitario no creo que pueda ser objeto de una conferencia diplomática hasta principios del próximo año. En cualquier caso, estamos hablando ya de un tiempo muy corto.

-¿Cuáles son los principales obstáculos que se ha encontrado el proyecto?

La lengua en cuanto a los reglamentos y después el modelo, es decir, la estructura jurisdiccional que se quiere adoptar que, en muchos aspectos, es extraña a  nuestro modelo jurisdiccional.

-¿En qué aspectos?

Por ejemplo, contempla la posibilidad de que existan jueces técnicos que no tengan formación jurídica. Que se nombre para un caso específico un juez concreto, lo que choca con el principio de seguridad jurisdiccional que fija nuestra Constitución. Que el Tribunal tenga un carácter multinacional y que haya que trabajar en idiomas distintos al español, en algunos casos. Todos esos aspectos, y otros, son un poco extraños a nuestro modelo y nos genera serias dificultades.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias para España de la puesta en marcha de la patente comunitaria?

Es probable que si al final el proyecto sigue adelante, en la hipótesis de que el Tribunal de Justicia Comunitario no nos dé la razón y considere que nuestra postura entra en conflicto con el Derecho Comunitario, España se va a ver enfrentada a la necesidad de decidir si entra o no entra en este juego; pero esa será una decisión de naturaleza política, que deberá ser examinada en profundidad. En el momento actual, no creo que exista la posibilidad de entrar en el sistema, tal y como está. Y si nos quedamos fuera, entonces tendremos que valorar lo que tenemos que hacer.

-¿En el caso de solventarse esos problemas  a los que hace referencia, qué ventajas tendría para España la puesta en marcha de la patente europea?

Un sistema de tutela unitaria con un idioma único, el inglés, o, en el caso de que haya varios, que entre ellos entre el español; un sistema jurisdiccional que resuelva esos conflictos con el modelo judicial español, que antes apuntaba, sería enormemente interesante para la industria innovadora española. Pero tienen que darse esas condiciones.

-Y, ¿En caso contrario?

El modelo, tal y como está planteado ahora, supone una desventaja para la industria competitiva española.

-¿Cuál es la situación de Andalucía en materia de patentes y marcas respecto a España?

En la modalidad de patentes nacionales la región sumó el año pasado 454, el 12,84% del total; en modelos de utilidad las 233 solicitudes representan una cuota del 9,28%; en diseños el 12,29%; en marcas el 11,44% y en nombres comerciales el 17,68%. Por lo que respecta a la distribución de las patentes por sectores, el primer lugar lo ocupa Química y Metalurgia con 59 solicitudes.

-¿Qué opina sobre la escasez de profesionales andaluces especializados en Derecho Industrial?

Andalucía tiene una Escuela Mercantil excelente, unos buenos juristas especializados en propiedad industrial y magistrados, como el director académico de este Congreso, que están creando escuela; de forma que no está mal situada. Lo que ocurre es que Andalucía, como mi región, Galicia, tiene un tejido industrial menos fuerte que otras comunidades españolas y eso tiene consecuencias, también en el número de profesionales. Pero iniciativas como este Congreso van por el camino de solventar el problema.

Enlace a la página web del Congreso: www.congresoderechoindustrial.es

Entrevista a Luis Sánchez,  Medina Cuadros Abogados

-Usted es uno de los letrados granadinos pioneros que se ha especializado en Derecho Industrial, ¿qué le impulsó a enfocar su carrera en esta materia?

-El despacho del que provengo era especialista en este área, y en el departamento mercantil que dirigía una de las prácticas era la propiedad industrial. Evidentemente, como consecuencia de ello te especializas.

-Pero su caso no es común ni en Andalucía ni en Granada. ¿Qué piensa de la falta de profesionales formados en esta materia?

-La pena es que al final tienen que venir compañeros de fuera porque cuando llegan los asuntos sobre temas marcarios, no somos referentes. Cuando surge un conflicto en este área, al final las empresas acuden a despachos nacionales, sobre todo de Madrid y Barcelona, donde hay más formación específica. Así que considero que este curso es muy recomendable para potenciar que Granada, siendo la sede del TSJA, organismo competente para tratar los asuntos de propiedad industrial, tenga a letrados que estén formados y que sean expertos en esta materia. Así atraerían no sólo a clientes, sino a otros despachos que quieran tener un abogado local que les ayude en esos temas.

-¿Qué pasos habría que dar para que la especialización en Derecho Industrial sea una realidad?

-Este congreso es el primer paso, la introducción. A continuación debería seguirlo algún otro curso más específico, más denso, con mayor profundidad, donde se pueda tratar todo lo relacionado con el Derecho Industrial con más detenimiento. Eso sería lo ideal, para tener por lo menos unos conocimientos y unos fundamentos más especializados.

-¿En la actualidad, en plena crisis, cuál es la situación del Derecho Industrial y Mercantil?

-En tiempos de crisis siempre surgen conflictos. Respecto a los incumplimientos del derecho marcario, en tiempos de crisis, después de que una empresa realice una gran inversión económica en una marca para que tenga una relevancia y destaque sobre el resto, la posibilidad de que su  mercado le pueda ser arrebatado por un competidor usando prácticas poco elegantes o incluso ilegales, conlleva inevitablemente un incremento de litigios en este área. Y en la situación actual, en la que los juzgados mercantiles están saturados por temas concursales, es una cuestión a tener en cuenta.

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El nivel de especialización de los profesionales españoles en materia de derecho industrial varía en función de los ámbitos que se toquen. Así, mientras que en las modalidades de derechos de autor (propiedad intelectual) es alto y cuenta con un buen número de especialistas de reconocido prestigio, en otros, como patentes, el volumen y nivel se aminora. Como también ocurre con los diseños cuya normativa, además, ha cambiado recientemente. A medio camino queda el bloque de las marcas, por su trascendencia para la industria y comercio.

Con este panorama, el profesor Pascual Segura, agente de la propiedad industrial de la Universidad de Barcelona y director de su Centro de Patentes, entiende que “sobre todo en materia de patentes, son precisos más juristas y profesionales del ámbito de la empresa especializados en ese ámbito, de ahí la necesidad de impartir una formación adecuada”. Un recorrido que pretenden realizar los colegios de Titulados Mercantiles, Abogados, Economistas y la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil y que ya han iniciado con la organización del I Congreso Andaluz de Derecho Industrial que se celebra los días  6 y 7 en Granada, uno de cuyos ponentes ha sido el profesor Segura.

Andalucía con más de 18.000 investigadores, solicitó el pasado año 454 patentes nacionales el 12,84% del total. Frente a ese porcentaje, Cataluña ronda el 30% de las patentes. Unos datos que este experto explica porque, “allí se asientan varias empresas tecnológicas extranjeras, de gran dimensión como Hewlett Packard, y muchas farmacéuticas de capital español. En Andalucía, sin embargo, no se solicitan muchas patentes, pero sí se hace mucha investigación, luego, es de esperar que crezca su número, porque la tecnología que inventan los centros de investigación públicos y privados andaluces es universal, y no depende que haya implantada una industria determinada”.

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