Granada quiere posicionarse en el ámbito del Derecho Industrial

Los colegios granadinos de Titulados Mercantiles y Empresariales, de Abogados y de Economistas, junto a la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil y el Consejo Andaluz de la Abogacía celebran los próximos días 6 y 7 de octubre el Congreso Andaluz de Derecho Industrial.

En palabras de Blas Alberto González, director académico del Congreso y juez de lo Mercantil de Granada, el encuentro tiene entre sus objetivos, “convertir a Granada en uno de los focos fundamentales de discusión sobre el derecho industrial”, dada la  dimensión económica y geográfica de Andalucía; “incentivar la formación de los profesionales en las especialidades de propiedad y competencia”, de forma que los profesionales andaluces tengan más oportunidades de adjudicarse los grandes procesos; y “crear un poso de discusión que lleve a la creación del Observatorio Andaluz de la Propiedad Industrial, con el apoyo de las administraciones, ya que esa parcela supone un factor productivo de importancia para nuestra Comunidad”.

Por su parte,  Miguel Romero, presidente del Comité de Dirección de la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, apunta que “los profesionales del área económica, consideramos que el derecho industrial genera cada día más actividad”, que se recoge en dos grandes bloques. Por un lado, en el ámbito de la valoración de la marca, bien para una empresa o grupo, o bien para la transmisión de la misma. Y por otro, por las infracciones, especialmente de plagio, que se cometen en el campo de patentes y marcas.

La Escuela de Derecho Concursal y Mercantil es consciente de esas circunstancias y de ahí que, “con posterioridad al Congreso, organizará unas jornadas de formación que se centrará en los ámbitos jurídicos y económicos de esta materia”, añade Romero.

Y es que con buenas mimbres se hace un buen sombrajo, pero es preciso tejerlas con precisión para que debajo el sol no caliente. En el caso de Andalucía, las mimbres son los más de 18.000 investigadores que se reparten en diferentes grupos de investigación, muchos en el seno de las propias universidades de la Comunidad Autónoma; cifra a la que se suma un número difícil de calcular de investigadores que desarrollan su labor en la empresa privada. Y en una sociedad donde la gestión del conocimiento se alza como pilar de la mejora socioeconómica, esos recursos humanos son un valor en sí mismos. Sin embargo, no siempre los afectados  saben gestionar los beneficios que les acarrean protecciones como las patentes, marcas, modelos de utilidad, etc. y cómo hacerlos valer frente a imitaciones u otro tipo de injerencias.

Con estas iniciativas se pretende que la malla que conforman los investigadores se trabe con los apoyos técnicos y jurídicos que precisa para que el sol no se filtre por rendijas indeseadas y, en consecuencia, se acreciente el volumen de solicitudes de propiedad industrial registradas en Andalucía durante el pasado año, que quedaron por debajo de lo que su peso poblacional representa en el conjunto de España. Así, según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la modalidad de patentes nacionales la región sumó 454, el 12,84% del total; en modelos de  tilidad las 233 solicitudes representan una cuota del 9,28%; en diseños el 12,29%; en marcas el 11,44% y en nombres comerciales el 17,68%.

La reforma de la Ley Concursal será útil en muchos aspectos, aunque no resuelve algunos problemas

La reforma de la Ley Concursal ha dejado escapar una gran oportunidad para adecuar su contenido a la situación que viven las empresas españolas. Igualmente, para aliviar la situación en los juzgados de lo Mercantil ya que, por ejemplo, no recoge la figura del preconcurso y difícilmente servirá para agilizar los trámites de los concursos; de tal modo que juzgados y administradores seguirán obligados a trabajar hasta enero con una Ley diseñada en tiempos de bonanza económica y no para la coyuntura actual donde los concursos, de empresas y personas físicas, se multiplican. Y a partir de 2012 la situación se suaviza con el nuevo texto, pero quedan flecos por resolver.

Ese es el primer balance que han hecho algunos expertos de la Escuela de Derecho Mercantil y Concursal tras un primer acercamiento al  texto de la reforma, aún sin tiempo para analizar en detalle la redacción definitiva. El marco ha sido el IV Simposio sobre la Reforma de la Ley  Concursal que se encuadraba en el XVI Congreso que AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) ha celebrado en Granada.

Así, Blas Alberto González, miembro del Comité de Dirección de la Fundación Escuela de Derecho Mercantil y Concursal y juez de lo Mercantil de Granada, lamenta que “España no cuente con un derecho preconcursal, similar al de Francia y otros países del entorno, que aprovecha hechos y alertas externas con figuras como la alarma temprana, que logran que una buena parte de las crisis empresariales no se resuelvan por el procedimiento concursal”.

Por su parte, otro miembro del Comité de Dirección de la Fundación, Enrique Pinazo, magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada, sostiene que “la reforma se ha quedado corta y no está suficientemente desarrollada”. De tal modo que, “aunque es loable que pretenda agilizar los procesos, bajo este interés se pierde seguridad jurídica que puede traducirse en un aumento de la litigiosidad, aun cuando lo que se buscaba era el efecto contrario, la abreviación de los concursos”. Otros puntos de la reforma, como la anticipación de la liquidación, dado que más del 90% de los concursos se resuelven por esta vía y no por el convenio, en los casos en que el número de impugnaciones sea inferior al 20%, parece que pueden ir por el buen camino. Sin embargo, Pinazo recuerda que los procedimientos abreviados representan en la actualidad en torno al 75% de los concursos y que si la media está en 25 meses de duración, el procedimiento abreviado sólo supone una reducción de tres meses
en ese cómputo.